Caricatura de: Frederick Burr Opper. Imagen pertenece al dominio público en Estados Unidos por su antigüedad.

La proliferación de fake news plantea cuestionarse qué medida sería más adecuada.

Si bien la digitalización de los medios de comunicación representa una ventaja en la medida que cada vez contamos con mayor variedad de fuentes de información diversa, lo cierto es que en ocasiones distinguir datos fidedignos de publicaciones falsas puede convertirse en un verdadero reto.

En el espacio cibernético los medios que cuentan con protocolos serios para corroborar la información que publican coexisten a la par con quienes difunden datos imprecisos por razones que van desde la comisión de errores por descuido, hasta la propagación de los ya famosos hoax.

Ante la “amenaza” que muchos pueden ver en la difusión de información falsa, según el periódico The Guardian, plataformas de propagación masiva de contenidos, como lo es el caso de la red social Facebook, se han propuesto idear mecanismos para identificar, controlar o incluso bloquear estos artículos.

Para más detalles sobre las noticias falsas y cómo Facebook se propone controlarlas, vea el siguiente video.

La información falsa goza de protección constitucional

En Estados Unidos y Puerto Rico, en virtud de la supremacía del derecho constitucional a la libertad de expresión, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Supremo local, respectivamente, han rechazado de modo consistente cualquier intento de censurar la publicación de información, aun a pesar de su posible falsedad.

En cambio, si quien publica la información falsa es demandado por difamación, no cabe dudas de que estaría a expensas de responder por los daños que dicha publicación haya podido causar a la reputación del sujeto difamado. Ello siempre que no se trate de escritos de sátira, de parodia o hasta opiniones, pues la protección de estos va aún más allá, al no considerárseles difamatorios.

A nivel de derecho internacional, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) -junto a otros dos relatores- rechazaron en su declaración conjunta de marzo de 2017, el bloqueo o la censura de las noticias falsas.

“Las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos «noticias falsas» («fake news») o «información no objetiva», son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión […]”, se expresa en los estándares sobre desinformación y propaganda de la declaración conjunta.

Publicar información veraz es un imperativo ético

A pesar de que no se debe promover el bloqueo de contenidos por su mera falsedad, conviene aclarar que en la declaración conjunta antes citada sí se apela a principios éticos, como medida para desincentivar este tipo de publicación. Ello, en la medida que datos inexactos abonan a la desinformación y en ocasiones son punta de lanza para la difusión de propaganda.

“Los actores estatales no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir de otro modo declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas (desinformación) o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable (propaganda)”, se consigna en la declaración conjunta.

No cabe duda de que el entorno digital no debe ser un espacio para prohibir la publicación de información, sino que su potencial democratizador provee las herramientas necesarias para combatir estos datos mediante su refutación y no por medio de censura.

Ya lo expresó la Corte Suprema desde los años 50, cuando interpretó en Dennis v. United States que la base de la Primera Enmienda es fomentar que la palabra sea refutada por la palabra, que la propaganda sea contestada con propaganda y que el libre flujo de ideas resulte en las políticas gubernamentales más sabias.