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Legisladores buscan una vez más codificar el acceso a la información pública

A poco más de un año del último intento infructuoso por codificar el acceso a la información pública en Puerto Rico, la Cámara de Representantes vuelve a originar una medida legislativa que busca consagrar en una ley el deber del estado de actuar con transparencia en su gestión gubernamental.

El pasado 25 de mayo de 2017 el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos J. «Johnny» Méndez Núñez -con la coautoría de otros 34 representantes novoprogresistas- presentó el Proyecto de la Cámara 1095, cuyo objetivo es crear la «Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública».

Entre los objetivos de esta propuesta está «establecer una política pública de acceso a la información pública; ordenar, organizar y pautar mecanismos procesales sencillos, ágiles y económicos de acceso real a los documentos e información pública», según el proyecto de ley.

Como una de las justificaciones aducidas por los propulsores de esta medida, surge de la exposición de motivos que en la Isla «la ciudadanía y los medios de prensa cuando solicitan información pública están sujetos a procesos discrecionales en los tribunales que son costosos y pueden tardar meses».

El último intento de impulsar una medida similar estuvo salpicado por la controversia

Hace poco más de un año, el actual presidente de la Cámara tuvo también a su cargo la coautoría -junto al representante José M. «Conny» Varela Fernández- del Proyecto de la Cámara 2944. Mediante esta pieza, sus propulsores presentaron una propuesta cuya sustancia guarda ciertas similitudes con el actual Proyecto de la Cámara 1095.

Los creadores del proyecto que se hubiera convertido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación y a la Información Pública propusieron, en esencia, la creación de una Junta Revisora con facultad delegada para pasar juicio -a opción del solicitante- sobre la negativa de cualquier ente gubernamental de proveer acceso a la información que se le haya solicitado.

En aquel momento, tanto el presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Juan Hernández, como su entonces homólogo del Overseas Press Club; Gary Javier, expresaron públicamente su oposición al proyecto.

De acuerdo con información obtenida del portal Microjuris Al Día, Hernández consideró que la propuesta dilataría los reclamos de acceso a la información en lugar de agilizarlos, al imponerle términos y condiciones al proceso.

Si bien el recién presentado Proyecto de la Cámara 1095 eliminó la controversial figura de la Junta Revisora, transfirió al Tribunal de Primera Instancia la facultad de pasar juicio sobre las denegatorias de acceso a la información por parte de los entes gubernamentales.

El acceso a la información pública tiene rango constitucional

Lo cierto es que hasta el día de hoy Puerto Rico ha carecido de una ley análoga al estatuto federal Freedom of Information Act, mejor conocido como FOIA.

No obstante, en 1982 el Tribunal Supremo local expresó en Soto v. Secretario de Justicia que se trata de un derecho que emana de nuestra Constitución, por su estrecha relación con la garantía constitucional que protege la libertad de expresión.

Así, en nuestro ordenamiento jurídico toda información en poder del gobierno se presume pública y, por ende, la norma es que procede que la dependencia gubernamental la divulgue a quien la solicite.

El estado, a manera de excepción, puede argumentar, sin embargo, un reclamo de confidencialidad. Solo de resultar este válido, luego de que el foro judicial lo evalúe a base de ciertos criterios previamente establecidos en la jurisprudencia, podría quedar derrotada la presunción.

Se repite la controversia

A pesar del poco tiempo que ha transcurrido desde que el Proyecto de la Cámara 1095 salió a la luz pública, el mismo día de su presentación se hizo evidente que apenas comienza la segunda parte de la pugna que comenzó en el 2016 con el Proyecto de la Cámara 2944.

Y es que una vez más, Hernández expresó su repudio a lo que considera un intento más del Gobierno de Puerto Rico para controlar la información pública y rechazó cualquier insinuación hecha por el Gobierno de que endosó el proyecto.

«El gobierno nunca le ha presentado a la Junta de la ASPPRO un borrador o proyecto de ley alguno, y por ende, no ha participado de ningún proceso de evaluación y/o recomendaciones sobre dicha legislación», denunció Hernández, según surge de una comunicación escrita publicada en la página cibernética de la ASPPRO.