Imagen de: JAOS

Proyecto de ley propone que sea delito incurrir en difamación cibernética

Mientras existen jurisdicciones que hoy celebran la despenalización de la difamación como un paso de avance en su afán por consagrar la libre expresión como un derecho humano fundamental característico de una sociedad democrática, en Puerto Rico la Asamblea Legislativa busca recriminalizar la conducta.

Y es que tan reciente como el 2 de enero de 2017 el representante novoprogresista José Aponte Hernández presentó el Proyecto de la Cámara 63, cuyo objetivo es enmendar el artículo 178 del Código Penal para añadir “actos adicionales” al ya existente delito de “intrusión en la tranquilidad personal”.

En la actualidad, la referida disposición del Código Penal detalla una lista concreta de actos que la persona tendría que llevar a cabo “con el propósito de molestar” al potencial afectado, para que constituyan un delito menos grave que podría acarrearle una pena de 6 meses de cárcel.

Mediante el Proyecto de la Cámara 63, el representante Aponte Hernández propone añadir al artículo 178 que una de esas conductas sea la publicación intencional de “información falsa o difamatoria sobre otra persona en sitios de Internet“.

Puerto Rico despenalizó la difamación en el 2005

La parte especial del Código Penal de 1974 contenía un capítulo que detallaba una serie de conductas que se consideraban “delitos contra el honor”.

Específicamente, el artículo 118 de aquel Código Penal castigaba la difamación con una pena de cárcel que no excedería de 6 meses, una multa de $5,000, pena de restitución o cualquier combinación de estas, a discreción del tribunal.

El delito se configuraba al deshonrar públicamente -maliciosamente a través de cualquier medio, o de cualquier modo- o desacreditar, imputar la comisión de hecho constitutivo de delito, impugnar la honradez, integridad, virtud o buena fama de cualquier persona, natural o jurídica, o incluso denigrare la memoria de un difunto.

Sin embargo, el Código Penal de 2004 -cuya vigencia comenzó el 1ro de mayo de 2005- derogó expresamente el Código Penal de 1974 y suprimió el delito de difamación. Desde entonces, ha permanecido ausente de nuestra esfera penal, aún bajo la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, que es el Código Penal vigente.

La cárcel es una medida excesiva

En un informe publicado el 11 de septiembre de 2012, el Center for Democracy and Technology (CDT) expresó que sancionar la difamación por medio de la amenaza real de enfrentar cargos criminales tiene un efecto disuasivo para el ejercicio pleno y cabal de la libertad de expresión.

En ese sentido, el CDT expresó que la esfera civil resulta adecuada, en la medida que posibilita el resarcimiento de los daños que la expresión difamatoria pueda causar. Es decir, que se trata de un asunto privado entre dos individuos que no debería ser de la injerencia del estado.

En el continente americano, resulta pertinente hacer referencia a lo que ha sido la tendencia en el sistema interamericano de derechos humanos, el cual ha reflejado dirigirse también hacia la despenalización.

Surge del Marco Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión de 2010 que, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se inclinan a que tipificar la difamación como un delito, en la mayoría de los casos resulta desproporcionado e innecesario en una sociedad democrática.

Un buen ejemplo de esta tendencia en los países latinoamericanos es el caso de Baja California, que en el 2014 fue el último de los estados de México en despenalizar el delito de difamación y calumnia. Gracias a este adelanto, dio paso a una sociedad que atiende este tipo de caso estrictamente desde la esfera civil.

Futuro incierto para el Proyecto de la Cámara 63

No es la primera vez que algún legislador intenta reinsertar el delito de difamación en la esfera penal de Puerto Rico, desde que fue suprimido del Código Penal a partir del 2005.

Por ejemplo, en el 2009 los senadores Antonio Fas Alzamora y Thomas Rivera Schatz hicieron lo propio mediante los Proyectos del Senado 596 y 1290, respectivamente. Ninguna de estas piezas se convirtió en ley, precisamente por su alto potencial de inconstitucionalidad al infringir el derecho a la libertad de expresión.

En el 2012, el representante Aponte Hernández presentó una propuesta idéntica al Proyecto de la Cámara 63.

En ese entonces, se valió del Proyecto de la Cámara 3843 para impulsar la criminalización de la publicación de información falsa o difamatoria, específicamente en sitios de Internet. Este intento de legislación tampoco tuvo éxito.